Las operadoras de móvil ya han comenzado a diseñar los cambios en sus tarifas que obliga la ley antirredondeo, pero se trata de un proceso complejo con numerosos sistemas implicados. Las compañías tienen un periodo transitorio de dos meses y coinciden en que van a necesitarlo.
Los 46 millones de usuarios de telefonía móvil que existen en España verán cómo su operadora le cambiará la tarifa que han elegido en un plazo máximo de dos meses.
La ley de protección de consumidores permitirá perseguir con “más facilidad” las prácticas abusivas de las empresas, según las distintas asociaciones de consumidores que consideran vital la aplicación correcta de la norma una vez entre en vigor.