El juicio por la rescisión a la empresa Astra del contrato de la universalización del servicio de TDT en Cantabria se celebrará el lunes y martes de la próxima semana, días 13 y 14 de diciembre, a partir de las nueve de la mañana, en el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander.
La compañía reclama al Gobierno de Cantabria 22 millones de euros por incumplimiento de contrato (1,5 millones de euros por los gastos realizados para la ejecución del proyecto y 20,4 millones de euros por la pérdida de ganancias o lucro cesante), según han informado fuentes judiciales.
El Ejecutivo regional adjudicó a Astra en marzo de 2008 la implantación de la TDT en Cantabria por un importe de 4,5 millones de euros. En noviembre de ese mismo año, la Consejería de Industria decide rescindir el contrato tras la decisión de la Administración General del Estado de implantar en todo el territorio nacional los servicios de televisión digital.
El concurso para la universalización de la televisión digital en el territorio de la comunidad autónoma, que incluía también servicios de Internet de banda ancha, fue convocado en febrero de 2008 y a él concurrieron también Telecom Castilla La Mancha; Abertis Telecom y la UTE Telefónica Servicios Audiovisuales y Sermafas Telecomunicaciones. La adjudicación se hizo a través de una encomienda de gestión a la sociedad pública regional IDICAN.
La solución planteada por SES Astra contemplaba la construcción de una cabecera de satélite o telepuerto en el Parque Empresarial Besaya, en Reocín, desde donde se hubiera captado la señal de televisión digital terrestre para enviarla al satélite.
Además, SES Astra desarrollaría servicios de banda ancha, que permitirían el acceso en condiciones de gratuidad, con 46 Megahertzios y con unas capacidades similares a la conexión por ADSL, que se podrían prestar en lugares públicos o a empresas.
La oferta de la empresa planteaba un coste máximo de 235 euros para el equipamiento básico (antena y decodificador) y para compensarlo, el Gobierno proyectó una línea de subvenciones para usuarios de zona de sombra y en función de los niveles de renta.
Cuando se presentó públicamente esta adjudicación, el entonces consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo, defendió que la iniciativa se “observaba” desde otras instituciones españolas y europeas, al ser Cantabria la primera comunidad que recurría a la transmisión de la señal digital a través del satélite y no mediante los tradicionales repetidores terrestres.
Esta modalidad fue elegida por Industria, a través del Plan TDCan (Televisión Digital en Cantabria), con el objetivo de llegar a las zonas en las que la orografía de la comunidad autónoma dificultaba la cobertura de la señal.
Tras la rescisión, SES-Astra anunció que emprendería acciones legales por la ruptura unilateral del contrato, acusando al Gobierno de contradecir los principios de libre competencia en el mercado satelital.
El Ejecutivo regional justificó la rescisión en que después en septiembre de 2008, y en respuesta a la realidad de la extensión de la TDT en toda la geografía nacional, el Gobierno de España tomó la decisión de impulsar las medidas adecuadas para hacer posible la universalización del acceso a la TDT en toda España, sin costo alguno del servicio, ni para las Comuniades Autónomas ni para los propios usuarios.
