El Gobierno aprobó este viernes un real decreto que regula la prestación del servicio universal de telefonía que entre otras medidas acaba con el reparto obligatorio de la guía telefónica impresa y la sustituye por una en formato digital, siempre y cuando el usuario no pida expresamente seguir recibiendo la edición impresa.

Se trata del real decreto por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electróncas, el servicio universal y la protección de los usuarios, con el objetivo principal de que los usuarios se beneficien cuanto antes de la inclusión de la banda ancha en el servicio universal de telecomunicaciones.

Por ello, impone la incorporación al servicio universal del acceso a Internet a una velocidad de descarga de un megabit por segundo, establecida en la Ley de Economía Sostenible (LES).

Esta medida beneficiará a unos 350.000 hogares, que actualmente no cuentan con cobertura de banda ancha. El plazo máximo para satisfacer cada solicitud de conexión a la red será de 60 días.

En cualquier caso, el usuario tendrá derecho a contratar conexiones sin capacidad de banda ancha, es decir, no estará obligado a contratar servicios o facilidades que no necesite.

Por otro lado, el real decreto establece la separación de las obligaciones de servicio universal relativas a la conexión a la red pública de comunicaones electrónicas, por un lado, y a15:15 G:\NOTICIAS\CONSEJOMIN\PE0001 no almacenada.

la prestación de un servicio telefónico disponible al público, por otro, lo que abre la puerta a la designación de operadores distintos para ambos elementos.

Asimismo, refuerza los derechos de los usuarios con discapacidad.

En concreto, extiende su derecho de acceso en condiciones equiparables a las guías y al servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, mientras que en la anterior regulación sólo se garantizaba el acceso al servicio telefónico.

MENOS CABINAS

Por último, se adecuan los umbrales de oferta suficiente de teléfonos de pago (cabinas) a la caída de la demanda de este servicio, que está siendo sustituido por la telefonía móvil.

En concreto, se considerará oferta suficiente la existencia, con una distribución geográfica razonable, de, al menos, un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes en cada municipio de 1.000 o más habitantes y de un teléfono público de pago en los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado.