El listín telefónico de abonados, al igual que la cabina que popularizara López Vázquez, agotan la última etapa de su vida. Las guías impresas del teléfono fijo solo se suministrarán a demanda, porque desaparece la obligatoriedad de su distribución masiva.

También se ajustarán a las necesidades el número de cabinas públicas, utilizadas cada vez por un menor número de clientes. El vandalismo, que las deja impracticables, y los hábitos de los clientes, que cada vez se decantan más por los locutorios o disponen de teléfonos móviles, han reducido al mínimo su utilización.

Un real decreto aprobado este vienes por el Consejo de Ministros intenta adecuar las obligaciones de las operadoras encargadas de la prestación del servicio universal a los nuevos hábitos de las telecomunicaciones, a la vez que incorpora la obligación de facilitar el acceso a la banda ancha a la práctica totalidad de los usuarios, incluso a los residentes en remotos parajes. La designación de los operadores responsables de las obligaciones del servicio universal se producirá antes de que termine el año. Las compañías podrán licitar desde ahora mismo los correspondientes servicios.

La norma aspira a que la generalidad de los ciudadanos puedan utilizan la banda ancha, esencial para el acceso a internet y para que la brecha digital se reduzca a mínimos. El Ministerio de Industria calcula que la incorporación al servicio universal del acceso a internet a una velocidad de un megabit por segundo (en sentido descendente) beneficiará a unos 350.000 hogares que todavía no disfrutan de esta cobertura con independencia de su localización geográfica.

El regulador deja a la libre elección del usuario si desea contratar esta conexión de banda ancha, es decir, que no estará obligado a contratar aquellos servicios o facilidades que no le interesen. En el extremo opuesto, el operador estará obligado a satisfacer en el plazo de 60 días las solicitudes de conexión a la red consideradas razonables.

El servicio universal, consagrado en toda la Unión Europea, abarca, además la conexión a la red pública de comunicación electrónica, el servicio telefónico fijo, las cabinas, las guías y el servicio de consulta telefónica sobre los números de abonado.

Pero el regulador adapta estas exigencias a las nuevas realidades del mercado de las telecomunicaciones. Y solo exigirá que se instale una cabina de teléfonos allí donde exista lo que considera una oferta suficiente. En los municipios de 1.000 ó más habitantes habrá al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes. Allí donde se considere justificado, también habrá una cabina en las localidades con población inferior a los 1.000 habitantes.

La norma suprime la obligación de la entrega masiva de guías en formato impreso. Como pauta general, se entregarán en soporte electrónico, si bien el cliente que lo solicite mantendrá el derecho a recibir el tradicional volumen con la relación de abonados.