La asociación de consumidores Facua consideró este martes de que Movistar realizará una “brutal” subida de las tarifas de telefonía fija a partir de junio, tras unificar horarios “para ofrecer unas condiciones comerciales más sencillas”. La organización destacó que el incremento será de un 150% en el precio por minuto de las llamadas nacionales y de un 50% en el establecimiento de llamada.

Las nuevas tarifas han sido comunicadas ya mediante una carta a los usuarios de Movistar, y en ella se informa de que el coste de establecimiento de llamada pasa de los 11,8 céntimos de euro actuales a los 17,7 céntimos. Mientras, se unifican los horarios en un único bloque tarifario de lunes a domingo de 0 a 24 horas, y en ellas el precio por minuto de las llamadas metropolitanas y provinciales pasa de los actuales 0,708 céntimos a los 1,77 euros.

Unas cifras que según la organización de consumidores son una “insultante tomadura de pelo a los consumidores”, ya que los principales perjudicados serán los de menor poder adquisitivo, cuyo volumen de llamadas les hace innecesario contratar tarifas planas de llamadas a fijos.

Fuentes de la operadora han explicado que estos aumentos afectan a un máximo de 1,5 millones de clientes, con subidas que pueden representar en torno a un 5%, equivalentes a un euro en la factura bimensual. Tres de cada cuatro usuarios tienen contratados planes y no se ven afectados por los incrementos. También recuerdan que la cuota de abono permanece congelada desde 2008 y estiman que las tarifas de la telefonía fija han experimentado recortes del 50% entre 1997 y 2007. Según la compañía, a los usuarios se les están ofreciendo alternativas que les pueden resultar más económicas.

La denuncia de Facua tuvo lugar durante la presentación de los galardones que entrega la asociación Facua-Consumidores en Acción a la Peor Empresa del Año, que ha recaído por segundo año consecutivo en Movistar. La segunda empresa en liza fue también de telefonía, Vodafone. El premio al Peor Anuncio recayó en la campaña de pagarés de Nueva Rumasa, mientras que la negativa de las empresas eléctricas a lanzar una tarifa competitiva fue valorada por los usuarios como la Peor Práctica Empresarial.

Los galardones de Facua se dan a conocer coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y han sido votados a través de la web FACUA.org/lapeorempresa desde el pasado 23 de febrero. Según explicaron, Movistar repite como peor empresa con un 35% de los votos, un punto más que el pasado año, merced a su “política de publicidad engañosa, tarifas excesivas y desatención a las reclamaciones de sus clientes”.

El gran cambio introducido durante el último año por la principal compañía de telecomunicaciones en España se produjo simplemente en su imagen corporativa, pero no en el trato a los usuarios, que no resulta precisamente el mejor ejemplo a imitar por el resto del sector, señalan desde Facua.

Por su parte, la campaña publicitaria de pagarés de Nueva Rumasa fue distinguida como el “Peor Anuncio” del año, también con el 35% de los votos. Los usuarios valoraron que se lanzaran pagarés prometiendo altos intereses anuales, “muy lejos de los ofertados en la coyuntura económica actual”. Además, para “ofrecer credibilidad”, presentaban la imagen de un holding “inexistente”, Nueva Rumasa, y los logotipos de las empresas propiedad de los Ruiz Mateos, cuando en realidad las firmas que tendrían que responder de los pagarés serían única y exclusivamente sus emisoras.

El tercero de los galardones, a la “Peor Práctica Empresarial”, reconoció la negativa de las eléctricas a lanzar ofertas competitivas. Los usuarios, con el 32% de los votos, han hecho hincapié en que “los sucesivos gobiernos han prometido que la liberalización eléctrica traería competencia y mejores precios para los usuarios”. “Pero hoy por hoy, en lo único que compiten algunas compañías es en publicidad engañosa”, concluye el argumentario del premio.

Para conmemorar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la asociación ha puesto en marcha además una campaña en 20 ciudades contra los fraudes en telecomunicaciones, para informar a los usuarios de sus derechos y pedirles que se movilicen para denunciar las irregularidades que se producen en el sector.

Entre los abusos más denunciados por los usuarios consumidores destacan los incumplimientos de ofertas comerciales, altas en servicios no solicitados, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia, junto al cobro de llamadas no realizadas.