La denominada “Ley Sinde” contra las descargas ilegales escaló hoy el último peldaño parlamentario que le faltaba con la ratificación por el pleno del Congreso de la norma en la que está recogida, el proyecto de ley de Economía Sostenible (LES).
No se produjeron sorpresas y el pleno de la Cámara Baja dejó lista la LES para su publicación en el BOE con el refrendo de las enmiendas introducidas en el Senado.
Entre esas enmiendas figuran la pactada por PP, PSOE y CiU, que configura una nueva disposición por la que se refuerza la tutela judicial sobre el cierre de webs ilegales. Como estaba previsto, se opusieron a ella el resto de grupos, que coincidieron en señalar que la ley sale sin consenso y no prevé las garantías jurídicas adecuadas.
La remozada “Ley Sinde” recibió el último empujón de las Cortes con 323 votos a favor, 19 en contra y una abstención, en un debate que se desarrolló de forma acelerada y en el que apenas se entró en pormenores sobre los detalles de la controvertida regulación antipirateo.
“DESAGUISADO” ARREGLADO
Marta Gastón, del PSOE, aplaudió el apoyo que ha encontrado finalmente una norma de tanto calado como la LES, y Álvaro Nadal, del PP, se felicitó de que el tránsito de la ley por el Senado haya servido para “arreglar los desaguisados” que, a su juicio, contenía el articulado redactado inicialmente por Cultura.
Josep Sánchez Llibre, de CiU, remarcó que la ley “mejora sustancialmente” la “Ley Sinde” inicial, con unas enmiendas que proporcionan “mayores garantías jurisdiccionales con la intervención judicial al principio y al final del proceso de cierre de una web”.
“Es una ley que no va contra los usuarios, sino contra el dueño de webs que se lucre con la vulneración de derechos de autor”, indicó el portavoz nacionalista.
En el frente contrario, Joan Tardá, de ERC, señaló que la ley “responde exclusivamente a los intereses” de los “lobbys” americanos y de las teleopadoras. “Como decía Álex de la Iglesia (presidente de la Academia de Cine), Internet es el presente, y la ley Sinde es el pasado. Han optado por la represión”, denunció Tardá.
Desde Coalición Canaria, Ana María Oramas mantuvo que esta ley adolece de la falta de consenso que requieren este tipo de medidas, mientras que Francisco Jorquera, del BNG, defendió que la ley no prevé “garantías jurídicas suficientes” para los internautas y crea algo “anómalo” como la comisión de propiedad intelectual que promoverá el cierre de webs ilegales.
Por IU-ICV, Nuria Buenaventura, lamentó que el Gobierno no haya peleado por el consenso necesario en la regulación de un asunto como éste.
Rosa Díez, de UPyD, se mostró contraria a una norma “que criminaliza un comportamiento ampliamente extendido como el intercambio de archivos en Internet”, que será “ineficaz” para resolver el problema de la piratería y que “denota las presiones de gobiernos extranjeros”.
