El pleno del Senado aprobó el miércoles la polémica cláusula conocida como “ley Sinde”, que abre la puerta al cierre de páginas de descargas ilegales, después del pacto al que llegó el Partido Socialista con el Partido Popular y Convergencia i Unió.

 La disposición adicional, incluida en la Ley de Economía Sostenible, volverá ahora al Congreso de los Diputados, cuyo pleno podría aprobarla en breve.

 La ley que recibe el nombre de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, fue rechazada el pasado diciembre en el Congreso después de que el PSOE no lograra el apoyo de ningún otro partido a un texto que ha dividido al mundo de la cultura y al que se oponen rotundamente los grupos de internautas.

 En su paso por el Senado, el partido en el poder finalmente logró cerrar un acuerdo con el mayor partido de la oposición y con CiU con unas enmiendas que según González-Sinde incluyen más garantías judiciales en el proceso que podría terminar con el cierre de una página web que vulnere los derechos de autor.

 Será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia y solo se actuará después de una denuncia de un titular de derechos que considere que están vulnerados, según ha explicado la ministra.

 Además, existirá un procedimiento que garantice que el titular de la página tenga la posibilidad de retirar el contenido de la misma y de hacer alegaciones.

 Las asociaciones de creadores de contenidos audiovisuales y los gestores de derechos de autor en España han pedido la aprobación de esta ley, que consideran de mínimos, ante la lacra de la piratería, mientras que algunas asociaciones de internautas y otros sectores la rechazan por considerarla un ataque a la libertad de expresión.

 Este penúltimo paso legal tiene lugar a pocos días de la fiesta anual del cine español, la gala de entrega de los premios Goya, que se celebrará el domingo y en la que se verán las caras la ministra con el presidente de la Academia del Cine, Alex de la Iglesia, que ha anunciado su dimisión en desacuerdo con la ley.