El Partido Socialista y el Partido Popular llegaron el lunes a un acuerdo para sacar adelante en el Senado la llamada “ley Sinde”, que abre la posibilidad al cierre de páginas de Internet denunciadas por descargas de contenidos protegidos por derechos de autor.
Este acuerdo daría el visto bueno en la cámara alta a una ley que fue tumbada el pasado diciembre en el Congreso después de que el PSOE no lograra el apoyo de ningún otro partido a un texto que ha desatado la polémica y al que se oponen rotundamente los grupos de internautas.

Las enmiendas que han llevado al acuerdo, según anunció la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, incluirán más garantías judiciales en el proceso que podría llevar al cierre de una página web que vulnere los derechos de autor. La ley se votará próximamente en la cámara alta.

“Será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia, no se actuará sino previo a una denuncia de un titular de derechos que considere que están vulnerados”, dijo la ministra en una rueda de prensa tras la reunión con los representantes de las distintas formaciones políticas.

Sinde agregó que existirá un procedimiento que garantice que el titular de la página tenga la posibilidad de retirar el contenido de la misma y de hacer alegaciones.

“Hemos logrado un acuerdo que supone una nueva regulación (…) logra una protección de los derechos de los internautas y de la libertad en Internet”, dijo por su parte José María Lasalle, del Partido Popular, en declaraciones a periodistas.

Las asociaciones de creadores de contenidos audiovisuales y los gestores de derechos de autor en España han pedido la aprobación de una ley que consideran “de mínimos”, mientras que algunas asociaciones de internautas y otros sectores la rechazan por considerarla un ataque a la libertad de expresión.

En el texto que se votó en el Congreso en diciembre se planteaba la creación de un órgano llamado Comisión de Propiedad Intelectual, que dependería del Ministerio de Cultura, y recogería las denuncias de los creadores de contenidos y gestores de derechos. Tras escuchar las alegaciones de la página afectada, y si lo considerase necesario, remitiría el caso a la Audiencia Nacional, que sería la que decidiría si cierra o no la web en un plazo de cuatro días.

Las reacciones al acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición no se hicieron esperar, y desde la Asociación de Internautas se calificó como “un maquillaje para hacernos tragar una ley que no sirve para lo que pretenden (las webs de enlaces no van a acabar con esa Ley) pero sí para que los políticos y sobre todo la oligarquía de la cultura, puedan decidir sobre algo tan fundamental como la libertad de expresión”.

La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, formada por asociaciones como la SGAE, Promusicae, FAP, Cedro o aDeSe, ha pedido la aprobación del texto “para acabar con la lacra de la vulneración diaria, constante y masiva de los derechos de propiedad intelectual”, señalando que España “es un paraíso para la piratería”.

Los sectores contrarios a la ley consideran que supone un “proyecto de censura de Internet” y “una imposición extranjera”.

El diario “El País” publicó el mes pasado algunos de los despachos diplomáticos de Estados Unidos filtrados por la web WikiLeaks según los cuales la embajada estadounidense en Madrid habría presionado para que España combatiera la piratería en Internet y conseguir una ley antidescargas.