La Audiencia Nacional conocerá este miércoles un debate jurídico de enorme calado, hasta ahora casi inédito en España, aunque no en el entorno europeo, donde se habla, y mucho, del ‘derecho (o no) al olvido’. En la Audiencia se verán cinco de los casi setenta recursos presentados por el buscador Google contra otras tantas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, que pretende obligar a la empresa a ‘borrar’ los datos del pasado de los demandantes. Estos alegan que tienen derecho a que sus vidas privadas no se conozcan a través de un medio universal como es la Red y reclaman, por tanto, que Google suprima determinadas cuestiones cuyo conocimiento por parte de la opinión pública estiman que puede perjudicarles.

Es la batalla clásica entre el derecho a la libertad de expresión versus derecho a la intimidad, ahora elevada al rango de Internet. Y, de la misma manera que a nadie se le hubiese ocurrido pedir que se queme una hemeroteca por el hecho de que los periódicos de papel informasen sobre determinados aspectos de la vida de un individuo que este quisiera que se olvidasen, ahora, cuando hablamos de la Red, sí estamos ante una demanda de este tenor: fuera las informaciones que pueden resultar ‘comproetidas’ para alguien. Con lo que, llevada esta doctrina al extremo, nos encontraríamos, en mi opinión, con una de las mayores formas de censura conocidas en nuestro tiempo.

Comprendo perfectamente los argumentos en contra, es decir, las tesis de aquellos que piden respeto para sus vidas privadas. Pero temo que la biografía de las gentes siempre está ahí y, en todo caso, potestad de los periódicos on-line o de las webs que publican esos datos comprometeores -pero veraces, claro- es suprimirlos; la tarea censora no se le puede encomendar a un buscador multinacional, cuya única misión es la de indexar páginas que otros han publicado. Google representa una oferta de archivo y documentación de magnitudes insospechadas hasta hace incluso menos de una década: va a resultar difícil, pienso, poner puertas a ese campo sin límites…

No es mi intención, por supuesto, defender a Google o a los buscadores de Internet, en general, frente a las agencias de protección de datos -por cierto, más flexibles en otros países europeos que en España-. Pero, como periodista y como ciudadano, en la dialéctica eterna entre la protección de un derecho u otro, me inclino siempre más bien por la libertad de expresión. Y sobre esto es sobre lo que a la Audiencia Nacional le corresponde dictaminar a partir de ahora: nada menos que empezar a adecuar la legislación vigente a la realidad que impone Internet, una realidad a la que las leyes, en España y en todo el mundo, viven prácticamente de espaldas. Ya es tiempo de corregir esta enorme carencia.