La Comisión Europea ha emitido un informe en el que asegura que el Tribunal Europeo no ha encontrado inconvenientes en que un juez local imponga un sistema de filtración de contenidos a un proveedor de Internet.
La declaración se ha producido en respuesta a un litigio entre la sociedad de autores belgas (Sabam) y la operadora Scarlet. El documento aprueba el filtrado aunque especifica que los jueces que lo ordenen deben controlar su aplicación y adecuar las medias a los objetivos que se persiguen.
La justicia belga había acudido a la Comisión Europea para dirimir la legalidad de la filtración de contenidos en la red. El caso comenzó con la demanda de la sociedad de autores de Bélgica para que la proveedora de Internet Scarlet pusiese filtros que cortasen el acceso a redes P2P.
Sabam aseguraba que la medida frenará la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor. El juez belga encargado del caso aceptó la propuesta y Scarlet recurrió. Ante el recurso, la justicia de Bélgica decidió consultar sobre la legalidad de los filtros a la Comisión Europea.
El organismo europeo ha acudido al Tribunal Europeo para consultar el caso. En un documento de la Comisión se explica que el Tribunal Europeo no ha encontrado normas en la justicia continental que impidan que un juez, a nivel local, imponga a una operadora utilizar filtros para el acceso a contenidos. Por este motivo la sentencia del tribunal belga ha sido considerada correcta ya que no incumple ninguna disposición europea.
Uno de los argumentos de la compañía Scarlet era que los filtros pueden afectar a otros servicios o contenidos y que la medida de los filtros no es efectiva. En el documento de la Comisión Europea se especifica que los jueces tienen la obligación de controlar las medidas impuestas, adecuando su campo de acción a los objetivos que pretenden abordar. En este caso se obliga a que los filtros solo afecten a los contenidos que se pretenden restringir.
La posición de la Comisión Europea puede sentar un precedente en toda Europa. La filtración en Internet ha sido una medida propuesta por diversas organizaciones para combatir la piratería.
Las medidas legales empleadas en Bélgica pueden extenderse a más países de Europa después del informe de conformidad emitido por la Comisión Europea.
