La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado con competencia legislativa plena remitir al Senado el proyecto de Ley de Economía Sostenible, una norma que ha contado con el rechazo global de todos los grupos de la oposición salvo PNV y CC. La Cámara Alta arrancará la tramitación de la norma el próximo 18 de enero.

El dictamen de la Comisión presidida por el socialista Antonio Gutiérrez ha contado así con los votos en contra de PP, CIU y ERC-IU-ICV tras un intenso debate que se ha solventado en una votación nocturna con la incorporación de un paquete de cerca de 70 enmiendas parciales pactadas por el PSOE con todos los grupos.

Entre los acuerdos destacan la que eleva a siete el número de consejeros en los organismo reguladores como la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional del Sector Postal.

De esta forma, se dará cumplimiento al pacto presupuestario alcanzado en septiembre entre los nacionalistas vascos y el Gobierno que les otorgaba la capacidad de nombrar tres representantes en la CNE, la CMT y el Consejo Postal.

DERROTA DE LA ‘LEY SINDE’

Asimismo, los nacionalistas vascos han conseguido la prórroga automáticamente y durante 40 años más, de la licencia que la Adminitración otorgó a la empresa Petronor para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la localidad vizcaína de Muskiz.

Sin embargo, estos acuerdos no han impedido que los nacionalistas vascos y canarias se sumaran al resto de grupos para votar en contra de la disposición final segunda relativa al control de las descargas de contenidos por Internet, conocida como ‘Ley Sinde’.

CAJON DESASTRE QUE NO RECUPERARA LA CONFIANZA

La norma ha recibido las críticas prácticamente unánimes de toda la oposición, que las han considerado un “cajón desastre” que, en palabras del portavoz del PP, Alvaro Nadal, no contribuirá de ninguna forma a que los mercados recuperen la confianza en la economía española.

La diputada del PSOE, Marta Gastón, ha remarcado que la norma “es una pieza más, una tesela hacia el desarrollo sostenible”, ha incidido, defendiendo que el retraso en la tramitación de la norma se ha debido a las “prioridades normativas” apara la economía aprobadas desde mayo, que ha supuesto un “no parar” para los diputados.

“Cuanto antes hubiera estado aprobada, mejor”, ha remarcado, asegurando que en ningún momento se ha tratado de un proyecto “aparcado”, remarcando los acuerdos alcanzados sobre las 998 enmiendas presentadas a este proyecto y las 32 normas presentadas al proyecto de Ley orgánica que le acompaña.

Para el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, se trata de una ley “confusa” y “dispersa” y es una “ley que no inspira confianza para levantar la economía española” y “no generará un clima de confianza económica”.

En este sentido, ha justificado su rechazo a la norma por la “negativa” del Gobierno a “configurar un pacto global” respecto la Ley de Economía Sostenible sobre todo en aspectos fiscales, financieros y económicos, que para CiU son “relevantes”. El PNV, MINIMAMENTE SATISFECHO

Por su parte, el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, se ha mostrado “mínimamente satisfecho” por el resultado de sus acuerdos con el PSOE, que remarcan el papel de la distribución de las competencias territoriales.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha censurado que los mercados hayan tumbado las pocas ganas reformistas del Gobierno para dar lugar a una norma que supone una “ambición frustrada” que forma parte de la estrategia particular del PSOE “para derrotarse a sí mismo”.

Su compañera de grupo parlamentaria y diputada de ICV, ha señalado que al LES supone la “mejor expresión” de lo que es un Gobierno que ha renunciado al esfuerzo de sentar las bases para un nuevo modelo productivo.