Representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios Tirso de Molina y Plácido Domingo y de las asociaciones vecinales El Planetario y Nudo Sur, en Arganzuela, registraron esta tarde en el Ayuntamiento de Madrid más de 600 firmas contra la instalación, por parte de Vodafone, de una antena de telefonía móvil a escasos metros de ambos centros escolares.
Según estas asociaciones, el proyecto presentado oficialmente por la empresa “evita mencionar la presencia de un nuevo centro escolar construido en la confluencia de las calles Ónice, Bronce, Rodio y Plomo, a escasos cien metros del edificio donde pretenden instalar las antenas”.
Los vecinos aseguran en una nota que el nuevo colegio, que será utilizado por los alumnos de los centros Plácido Domingo y Tirso de Molina, es “el punto que mayores niveles de exposición radioeléctrica va a sufrir: entre 0,88 y 1,53 voltios por metro, según la propia empresa, unos niveles muy superiores a las recomendaciones realizadas por la comunidad científica en el informe Bio-iniciativa, que establece un máximo de 0,6 voltios por metro para garantizar la salud de las personas”.
Según los vecinos, se sienten obligados a recoger firmas “ante el gran desprecio mostrado por las autoridades a las fundadas alegaciones que registramos en el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Industria y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Los vecinos y padres y madres de alumnos han registrado este lunes 603 firmas contra la instalación de la antena, pero seguirán recogiendo más firmas para presentarlas al Ayuntamiento, según indicó a Servimedia María José Jódar, de la asociación El Planetario y miembro del Ampa del colegio Tirso de Molina.
Las asociaciones de vecinos y las de padres de alumnos acusan al Ayuntamiento de “lavarse las manos” en este asunto e incumplir su obligación de velar por la salud pública, “pasando la pelota al Ministerio de Industria”, al que critican que no haya considerado el nuevo colegio como espacio sensible porque no estaba inaugurado cuando Vodafone presentó su petición, en septiembre de 2010, pese a que las obras ya estaban iniciadas.
“No damos crédito a la connivencia que las administraciones públicas muestran con los intereses económicos privados cuando hay un consenso creciente en el seno de la comunidad científica sobre los efectos nocivos de la actividad de las antenas de telefonía móvil sobre la salud de las personas, sobre todo de los más pequeños”, señalaron.
