Los empresas de telecomunicaciones realizarán el primer pago de la nueva tasa para financiar RTVE de alrededor de 150 millones de euros, correspondientes a los dos primeros trimestres del 2010, antes de mañana, plazo fijado por el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financiación de la corporación, pero han advertido que seguirá defendiendo su “ilegalidad” en los tribunales.
Así, fuentes de la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) consultadas por Europa Press han asegurado que “los operadores van a pagar porque siempre cumplen la legalidad”, pero han añadido que “seguirán defendiendo sus intereses tanto en tribunales europeos como nacionales”.
Redtel solicitó el pasado 30 de octubre al Tribunal Supremo que suspendiera con “urgencia” la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar RTVE después que la Comisión Europea pidiera ese día a España que suprimiera, por considerarla ilegal, la tasa.
Las ‘telecos’ están a la espera de la decisión del Supremo y “de momento, mientras no tengan un amparo legal para no hacerlo, van a pagar”, explican las mismas fuentes, que señalan que, en caso de que el Alto Tribunal español no les dé la razón, intentarán “por todo los medios legales a su alcance” que se pare lo que consideran “una tasa injusta e ilegal”.
El nuevo modelo de financiación de RTVE, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.
El presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, pidió a las ‘telecos’ en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados que afronten el pago de la tasa recogida en la ley de financiación de RTVE y que, una vez que lo hayan hecho, reclamen. “El solve et repete –pagar y reclamar después– es un principio establecido en la legislación”, afirmó.
En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por su parte, el Gobierno ha afirma que “sigue pensando que el modelo de financiación de RTVE es compatible con la normativa comunitaria” y ha asegurado que “lo va a seguir defendiendo”.
