El plazo fijado por el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financión de RTVE, correspondiente a los dos primeros trimestres del 2010, expira el miércoles seis de octubre. Por ello, las empresas de telecomunicaciones realizarán el primer pago de la nueva tasa para financiar a la corporación, que supone alrededor de 150 millones de euros. Sin embargo, no lo han hecho sin protestar porque, tal y como declaran fuentes de la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel), “los operadores van a pagar porque siempre cumplen la legalidad” haciendo referencia a la “ilegalidad” de la norma. En este sentido, el presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Asimelec), Martín Pérez, ha pedido al Gobierno que “rectifique” y no recurra el dictamen motivado de la Comisión Europea.

Este dictamen pedía a España que suprimiera el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financiación del ente público, por considerarla ilegal dada la nueva tasa a las empresas de telecomuniaciones para financiar a RTVE, que corresponde al 0,9 por ciento de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones.

Si España finalmente no modifica su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que “sigue pensando” que el modelo de financiación de RTVE es compatible con la normativa comunitaria y ha manifestado su intención de defenderlo.

No opina así Martín Pérez, presidente de Asimelec, que ha apuntado que la propuesta del Ejecutivo “ya era de dudosa legalidad” desde el principio y se ha mostrado convencido de que la nueva tasa “está en contra” de la directiva europea.

EN MANOS DEL SUPREMO

Desde el pasado 30 de octubre, Redtel solicitó al Tribunal Supremo que suspendiera con “urgencia” la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar RTVE después que la Comisión Europea pidiera ese día a España que suprimiera, por considerarla ilegal, la tasa.

“De momento, mientras no tengamos amparo legal para no hacerlo, vamos a pagar”, explican desde Redtel, que a su vez han advertido que seguirán defendiendo su “ilegalidad” en los tribunales.

En este sentido, las ‘telecos’ están a la espera de la decisión del Supremo y adelantan que en caso de que el Alto Tribunal español no les dé la razón, intentarán “por todo los medios legales a su alcance” que se pare lo que consideran “una tasa injusta e ilegal”.

Así, manifiestan “seguirán defendiendo sus intereses tanto en tribunales europeos como nacionales”.

O PROGRAMACIÓN SIN CORTES O PAGO

La supresión de la publicidad en TVE es la apuesta del nuevo modelo de financiación de RTVE, que para ello obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.

“El solve et repete (‘Pagar y reclamar después’) es un principio establecido en la legislación”. Es lo que pide el presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, a las ‘telecos’. Así lo ha declarado en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha dicho en respuesta a las quejas de las empresas de telecomunicaciones, que afronten el pago de la tasa recogida en la ley de financiación de RTVE y que, una vez que lo hayan hecho, reclamen.

HASTA TRES AÑOS DE ESPERA SI RECURREN

El presidente de Asimelec ha asegurado que en el caso de que el Gobierno recurra la sentencia de la Comisión Europea, la decisión definitiva sobre la nueva tasa podría retratarse “dos o tres años”, lo que, a su juicio, llevaría a una situación de ·incertidumbre”.

“A nosotros nos gustaría que el Gobierno rectificara y no agotase los plazos, puesto que las ‘telecos’ intentarían congelar el pago”, ha señalado Martín Pérez durante la presentación del III informe de Contenidos Digitales informe de contenidos digitales 2010.

Pero el ultimátum de Bruselas no afecta sólo a España, el Gobierno de Sarkozy también ha recibido el mensaje de supresión de su modelo de financiación de la televisión pública. No es casualidad, esta regulación de los medios públicos en Francia está basada en el Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financiación de RTVE del Gobierno de Zapatero.