El Gobierno ha señalado este miércoles que “sigue pensando que el modelo de financiación de RTVE es compatible con la normativa comunitaria” y ha asegurado que “lo va a seguir defendiendo”, después de que la Comisión Europea haya pedido a España que lo modifique, por considerar ilegal la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones.
En este sentido, fuentes del Ejecutivo han señalado a Europa Press que la decisión de Bruselas “no pilla por sorpresa” al Gobierno, que ya “esperaba este dictamen”. En todo caso, va a esperar a recibirlo para “estudiarlo en todos sus extremos y valorar lo que significa”.
La solicitud de la Comisión Europea tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afecta también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se ha inspirado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo por considerar que la tasa puede “ser incompatible con las normas de la UE” ya que “parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicacones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes”.
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno español defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, no han convencido a Kroes, que quiere seguir adelante con el procedimiento de infraccón.
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre del año pasado, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9 por ciento de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3 por ciento, y a las de pago el 1,5 por ciento.
