El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, garantizó este miércoles que el Ejecutivo comunitario aplicará la sentencia que dará a conocer este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la ‘acción de oro’ utilizada por el Gobierno portugués con el fin de vetar la propuesta de Telefónica para hacerse con la participación que Portugal Telecom (PT) posee en el operador brasileño Vivo.
“La Comisión va a aplicar la decisión del Tribunal de Justicia sea cual sea. Tenemos el deber de hacer aplicar el derecho comunitaio”, señaló Barroso en rueda de prensa en Estrasburgo tras reiterar que Bruselas considera ilegal este mecanismo. Barroso evitó pronuncarse sobre si la decisión de Lisboa revela una deriva proteccionista del Ejecutivo de José Sócrates, alegando que se trata de una cuestión interna de Portugal, pero dejó claro que la Comisión considera que la ‘acción de oro’ viola el derecho comunitario y que, por eso, ya lanzó un procedimiento de infracción contra Portugal en 2005.
“Hace tiempo que la cuestión es recurrente” dijo tras insistir en que la ‘acción de oro’ es contraria al Tratado en lo que respecta al principio de no discriminación y el de libertad de circulación de capitales. “Por lo tanto, nos atenemos a la apreciación jurídica. No es una cuestión política sino jurídica”, enfatizó el político conservador portugués. Asimismo subrayó que, cuando hay una violación del derecho comunitario, la Comisión tiene la obligación de actuar y, en este sentido, recordó que Bruselas ha lanzado en los últimos años al menos ocho procedimientos de infracción contra ocho países: España, Italia, Países Bajos, Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Portugal.
“La posición de la Comisión está clara. No tenemos elección. Si queremos respetar el derecho comunitario tenemos que actuar cuando constatamos una violación de un país europeo”, resumió.
‘LA ACCIÓN DE ORO’
El Ejecutivo de José Sócrates usó el pasado 30 de junio la ‘acción de oro’, un derecho que permite impedir determinado tipo de operaciones de carácter estratégico aunque una amplía mayoría de los accionistas de PT dieron el visto bueno a la oferta de Telefónica sobre Vivo.
En España la ‘acción de oro’, que en su momento el Gobierno podía ejercer en Repsol, Argentaria, Altadis, Endesa y la propia Telefónica, se derogó en 2005 tras un ultimátum de Bruselas y después de que el TUE certificara su ilegalidad.
LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS QUIEREN DEMANDAR
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y la portuguesa ATM, junto con la Federación Europea de Asociaciones de Accionistas Minoritarios (Euroshareholders), han advertido de que, si finalmente no prospera la oferta de compra de Telefónica por la participación en Vivo que posee Portugal Telecom (PT), emprenderán acciones legales contra el Estado luso y contra el consejo de administración del operador portugués.
Las asociaciones de minoritarios, que resaltaron la “inconstitucionalidad” de la aplicación de la ‘acción de oro’ por parte de Portugal en esta operación, indicaron que, aunque abordarán en primer lugar la vía del diálogo, tanto con el Gobierno como con el consejo de administración del operador luso, acudirán o bien a la Comisión Europea o, directamente, a los tribunales de justicia para exigir que se respeten los derechos de los accionistas.
En este sentido, Octavio Viana, representante de ATM, precisó que, si bien la asociación portuguesa no es contraria a la participación estatal en empresas privadas, que en algunos casos es beneficiosa para las compañías cotizadas, si se opone a las “actuaciones políticas” contrarias a los intereses privados de las firmas. Viana señaló que la medida adoptada por el Gobierno luso, contraria a la decisión de los accionistas de PT, es “querer comerse” todo el pastel de la privatización sin pasar por las obligaciones que conllevaría dicha operación.
“Se va a priorizar el diálogo pero, en caso de que no prospere la operación, se entenderá que se han perjudicado gravemente los intereses de los accionistas y que el responsable es, en primer lugar, el Estado portugués, por lo que se instará a PT a ejercer acciones de responsabilidad patrimonial”, señaló a su vez, Ángel Fernández Albor, representante de Aemec.
SIN RESPUESTA
Mientras tanto, ATM indicó que si bien ha existido un contacto “informal” con el consejo de administración de PT sobre este asunto “aún no han obtenido respuesta”. Por su parte, Aemec explicó que, en su caso, no se ha contactado con el consejo de Telefónica, ya que consideran que los afectados son los accionistas de PT.
En caso de que PT finalmente no acudiera a la oferta de compra de Telefónica, eludiendo su “deber fiduciario”, es decir, la “lealtad que deben a sus accionistas”, Aemec y ATM instarán a la sociedad y a los accionistas a ejercer acciones de responsabilidad civil contra los miembros del consejo de administración de PT para el “resarcimiento de perjuicios a los accionistas”.
Las asociaciones indicaron que aunque la vía del diálogo podría abrirse “mañana mismo”, día en el que se espera que el Tribunal de Justicia Europeo declare la ilegalidad de la ‘acción de oro’, si se acude a los tribunales el proceso podría demorarse “meses o un año”.
CONTRARIA A LOS ESTATUTOS E INCONSTITUCIONAL
Viana explicó que la ‘acción de oro’ aplicada por el Estado luso en esta operación es, por una parte, contraria a los propios Estatutos de PT, al Código que rige las sociedades mercantiles portuguesas e ,incluso, es inconstitucional. En este sentido señaló que, de acuerdo al artículo 86,2 de la Constitución portuguesa, sólo en situaciones muy determinadas el Estado puede intervenir en la actividad de las sociedades mercantiles y que en este caso no se producen los requisitos necesarios.
Asimismo, recordó que el consejo de administración de PT indicó a los inversores institucionales antes de la junta del pasado 30 de junio, en la que los accionistas del operador luso respaldaron mayoritariamente la oferta, que la venta de Vivo “no era materia que entrara en el ejercicio de la ‘acción de oro'” y que, posteriormente, el máximo órgano ejecutivo de PT “tuvo que desdecirse”.
Viana indicó que los Estatutos de PT incluyen estos privilegios, que le otorgan al Estado en la compañía la posesión de 500 acciones ‘especiales’, por decreto y por decisión política y no porque así lo haya querido la junta de la firma lusa. En cualquier caso, las asociaciones esperan que las autoridades europeas se pronuncien contra la ‘acción de oro’ ya que, entre otras cuestiones, es “incompatible” con la libertad comunitaria de circulación de capitales.
