La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha informado este miércoles que las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, presentes en el consejo de consumidores y usuarios, han recogido en 2009 un total de 1.383.276 consultas y reclamaciones, lo que supone un 10 por ciento más que las registradas un año antes y una cifra que resulta “alentadora” para la ministra que ha asegurado que demuestra que los ciudadanos “conocen cada vez mejor sus derechos”.
En cuanto a los sectores que más reclamaciones han registrado en todo el año pasado, el que ocupa el primer lugar sigue siendo la telefonía con un 12,5 por ciento del total de las reclamaciones, seguido del sector financiero (10,3), la vivienda (8,9) y las eléctricas (3,8).
Durante su intervención en el Senado, en la comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, Jiménez ha querido destacar la bajada en el número de reclamaciones en el sector de los seguros (que pasó de 18.710 a 17.296 consultas) y el se la sanidad (de 12.035 a 9.741), unos datos que la titular de Sanidad ha calificado de “muy buenos”.
Además, mostró su “satisfacción” al informar de que el 90 por ciento de las quejas formuladas en 2009 habían sido solventadas con éxito e, incluso “se han llegado a resolver cuestiones que venían de años anteriores”, ha señalado.
En este sentido, se ha referido a los productos que han tenido que ser retirados del mercado por alertas de los que “la mayoría son juguetes”, y que supusieron en 2009 un 16 por ciento menos que el año anterior, con un total de 950.000. Al respecto señaló que el Ejecutivo quiere aprobar una nueva norma que “regule los parámetros para categorizar las alertas de consumo en función de la gravedad”.
En cuanto a los objetivos del Gobierno a la hora de mejorar la situación del consumidor, Trinidad Jiménez ha asegurado que las políticas de consumo pasan por seguir “informando al ciudadano y fortaleciendo a las organizaciones de consumo”; asegurar los bienes “realizando análisis y pruebas de calidad e incluyendo formación del personal”; así como mejorar las acciones formativas “en colaboración con estados miembros de la UE para reorientar “los mínimos” derechos de los consumidores con los que, apuntó, todavía cuentan en el marco de Europa.
