La Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) ve con “preocupación” que la política de recortes del Gobierno “se inicie con el sector estratégico” de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y teme que este negocio se convierta en una “víctima” de la reducción de inversiones públicas del Gobierno.

Así, la asociación advierte en un comunicado de que el retraso en la implantación en España de la sociedad digital respecto a otras economías competidoras “requiere de una apuesta decidida por parte de los poderes públicos”, y avisa de que este reto “podría correr riesgos si la reducción de personal y el ahorro de costes se centra en la I D i”.

En este sentido, la asociación recuerda que el gasto en I D i en España es apenas el 1,62 por ciento con respecto a los países de la OCDE y se queja del “agravio comparativo” que supone recortar la inversión en nuevas tecnologías mientras que hay otras ayudas que “se mantienen en áreas menos trascendentales para la economía”.

El detonante de las críticas de ANEI ha sido el anuncio en el último Consejo de Ministros del pasado 30 de abril de la supresión de la Dirección General de Sociedad de la Información, una decisión que, para la asociación, “no se puede definir de meramente simbólico”.

En este sentido, desde ANEI se reconoce cierto liderazgo español en la aplicación de las tecnológicas en ámbitos tales como la administración digital o la implantación del DNI electrónico, pero se recuerda la reciente “merma” de las partidas presupuestadas para el Plan Avanza.

“Los desajustes de la economía española son graves e innegables, y la premura por corregirlos no se discute, pero precisamente uno de los factores de corrección debe ser la apuesta decidida por la inversión en el modelo de la sociedad del conocimiento y el mensaje que trasmite el Gobierno al iniciar la poda por una dirección general tan especifica es que sus prioridades no atienden a esta urgencia histórica”, según el presidente de ANEI, Miguel Errasti.

Así, ANEI teme que la economía digital se convierta en la “víctima propiciatoria de la reducción de inversiones públicas después de haberlo sido en las cuestiones regulatorias, a menudo mal enfocadas y resueltas”, en alusión a la reciente Ley de Economía Sostenible (LES) y su disposición final.