La Junta elabora una norma para fomentar el despliegue de las telecomunicaciones y minimizar la alarma social

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia está elaborando una normativa autonómica de fomento del despliegue de las infraestrcturas de telecomunicaciones con el objetivo de desarrollar una regulación “más homogénea” en toda la Comunidad, de forma que otorgue “mayores” garantías jurídicas en el despliegue a las entidades locales y “minimice las posibilidades de alarma social” causada por el despliegue de éstas.

Según una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press sobre la instalación de antenas de telefonía móvil, la Junta afirmó que hasta la fecha se observa que la normativa local urbanística “en muchos casos” no considera las infraestructuras de telecomunicaiones y en los casos en que sí lo hace existe “mucha diversidad de criterios, lo que dificulta el despliegue de las mismas y, por tanto, la cobertura de servicios a los ciudadanos”.

Esta normativa, impulsada por el anterior consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, pretende no sólo ofrecer mayores garantías jurídicas, sino también favorecer el despliegue de infraetructuras, como “objetivo fundamental” de esta Consejería para conseguir cobertura de servicios de telecomunicaciones para todos los ciudadanos, “haciendo posible el desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía”.

En este sentido, Economía recordó que las comunidades autónomas y entidades locales tienen capacidad normativa en aspectos tales como ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, que inciden en el despliegue de infraestructuras pero que “no pueden ser utilizadas para regular indirectamente esta materia, pues se produciría un vaciamiento de la competencia estatal de telecomuncaciones, como ha sido recogido, en numerosas ocasiones, en sentencias del Tribunal Superior”.

Así, la competencia para establecer las restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas pertenece al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ha regulado dicha materia mediante el RD 1066/2001, de 28 de septiembre.

En este marco, la Constitución Española recoge que el Estado tiene competencia “exclusiva” sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad, el régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos de motor, correos y telecomunicaciones; además de cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.