La Policía Nacional informó hoy de la detención de los diez presuntos integrantes de una organización afincada en la provincia de Cádiz acusada de utilizar un “ingenioso” método para estafar a compañías telefónicas y a particulares de todo el país, pudiendo superar el millón de euros la cuantía de lo estafado.

En rueda de prensa, el comisario provincial de Cuerpo Nacional de Policía en Cádiz, José María Deira, destacó la “tremenda novedad” del modus operandi de esta organización, desarticulada en los tres últimos días en el marco de la ‘operación Cris-PIN’, que “aún continúa abierta”.

Siete de los detenidos pasaron hoy a disposición judicial, mientras que los otros dos fueron puestos en libertad con cargos. Entre el material intervenido hay más de 100 teléfonos móviles de última generación, 220 tarjetas SIM, teléfonos fijos, 20 soportes de tarjeta, siete ordenadores portátiles y 13 discos duros. El montante de lo estafado está aún sin cuantificar, aunque “podría superar el millón de euros”.

 LA INVESTIGACIÓN

El inspector jefe de Udyco III, Carlos Durante, explicó que la investigación se inició a finales de 2008 a raíz de la denuncia presentada por una persona que aseguraba haber sido estafada por uno de los presuntos integrantes de la organización, con el que mantenía una relación laboral.

El caso culminó con la detención de una persona presuntamente implicada en esta otra operación, que comenzó a investigarse a raíz de la citada denuncia, precisamente por la peculiaridad del trabajo que el denunciante desempeñaba y también por la persona para la que trabajaba, identificada como Cristian U.B., ampliamente conocido por la Policía y presunto cabecilla de la organización.

De Cristian U.B., de 25 años de edad, la Policía destacó su “ingenio” y su “habilidad para el engaño”, ya que cuenta con 28 detenciones anteriores por “novedosas” estafas, teniendo antecedentes desde el año 2000, cuando contaba con 14 años de edad.

 MODUS OPERANDI

Al parecer, la organización adquiría tarjetas telefónicas prepago, la gran mayoría eran de segunda mano y procedentes de un mercado negro. Luego, gracias a “actividades de ingeniería social” y a los conocimientos de Cristian U.B., que había trabajado como comercial en distintas compañías de telefonía, lograba acceder a bases de datos de diferentes operadoras telefónicas para convertir dichas líneas prepago en contratos sin límite de uso.

Así, iniciaron un “uso masivo” de estas tarjetas con números de sobretarificación, principalmente líneas 803 y 806, que tienen un coste aproximado de 1,20 euros el minuto y de las que eran titulares miembros de la organización. La Policía significó que quienes ofrecen el servicio reciben alrededor de un 75 por ciento de las llamadas.

De este modo, organizaron “auténticos locutorios” para realizar llamadas a estos números de entre 15 y 30 minutos, el máximo permitido por la ley, al menos desde el año 2008 –que se tenga constancia–.

Los principales afectados son compañías telefónicas como Vodafone o Movistar, que no tuvieron conocimiento de la estafa hasta que fueron advertidas por la Policía. Posteriormente, en las denuncias que presentaron en febrero de 2010 y hace escasos días, cifraron en 600.000 euros la cantidad que se les ha estafado desde la fecha investigada y en unas 600 las líneas telefónicas fraudulentas.

La mayoría de estas líneas se contrataban con identidades falsas, aunque también utilizaron filiaciones reales, habiendo perjudicados en toda España, que han denunciado haber recibido facturas telefónicas a su cargo por importes que alcanzan los 5.000 euros. Aún se desconoce cuántas personas pueden haber resultado afectadas.

DETENCIONES

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, la Policía realizó en las últimas fechas seis registros domiciliarios –tres en Cádiz, dos en San Fernando y uno en El Puerto de Santa María–, en los que se ha conseguido información y documentación que permite la completa imputación de los detenidos y la apertura de nuevas líneas de investigación.

Los responsables policiales destacaron que Cristian U.B. y su pareja estaban a la cabeza de la organización, de la que también formaban parte miembros de un grupo familiar, que actuaban a instancias de lo el principal responsable les indicaba. Al menos cuatro personas se dedicaban a realizar las llamadas, al parecer, a cambio de una cantidad fija mensual.