La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, aprobó hoy con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establece un nuevo marco de regulación para el sector audiovisual. El texto, que ahora será enviada al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, contó con la abstención del PP y con los votos en contra del PNV y de ERC-IU-ICV.

Durante la Comisión, CiU ha pactado con los socialistas que el 6 por ciento de los ingresos de las televisiones públicas estatales o autonómicas se pueda destinar, además de a producción cinematográica, a la creación de series y miniseries.

Otra de las enmiendas pactadas entre estos dos grupos es que las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan “afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio” las comunidades implicadas y que “exista reciprocidad”.

Según el portavoz socialista, Óscar López, con este punto se da cumplimiento a una “vieja aspiración” entre Cataluña y la Comunidad Valenciana para que se puedan ver las respectivas televisiones autonómicas en las comunidades vecinas.

 DIEZ MINUTOS MENOS DE PUBLICIDAD

Con respeto al tiempo de publicidad, la ley establece finalmente que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción, lo que suponía un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

El texto también prohíbe emitir en horario infantil anuncios “que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen”. En concreto, se refiere a “productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelan al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética”.

Asimismo, el proyecto de ley establece que los contenidos que puedan ser “perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual”, estando este último presente durante todo el programa.

 ACABAR CON LAS RADIOS PIRATAS

Poro otro lado, la nueva ley busca, a propuesta de CC, acabar con la existencia de radios piratas. Para ello, el proyecto fija la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -que estaba prevista en una ley anterior pero que no llegó a desarrllarse-, que será la encargada de realizar un mapa de las radios en España.

El Gobierno central y las comunidades autónomas serán las encargadas de cerrar aquellas que no tengan licencia. Los grupos parlamentarios calculan que en España existen unas 3.000 radios piratas.

 REACCIONES DE LOS GRUPOS

En nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Cortés dijo que su grupo no se siente “políticamente vinculado a esta ley” y añadió que “sólo un juez y no un órgano administrativo debe poder cerrar un medio audiovisual”.

Cortés pidió al PSOE que garantice que los internautas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones están excluidos del alcance de esta ley y, por lo tanto, de su régimen sancionador.

Así, reclamó que se garantice la libertad de “los blogs, las redes sociales, la páginas y el intercambios de contenidos audiovisales entre internautas” y que éstos puedan funcionar “sin temor a una sanción de hasta un millón de euros o al cierre”.

El representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que la ley consolida un mercado “oligopólico”, favorece a las televisiones privadas y “margina” a la radiotelevisión pública. “Están más protegidos los derechos de los productores y los de las televisiones privadas que los de los ciudadanos”, sentenció.

El PNV reclamó en sus enmiendas, entre otras cosas, que se garantice el respeto a todas las lenguas del Estado. Joan Ridoa (ERC) denunció el “altísimo grado de servilismo del Gobierno hacia algunos grupos de comunicación” y le acusó de estar realizando “un auténtico desguace del sector público audiovisual” que con el tiempo acabará por “hundir” los índices de audiencia de TVE.

De su lado, la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, dijo que queda sin resolver la protección de los menores canarios, quienes, debido a la diferencia horaria, sólo estarán protegidos hasta las 21 horas cuando la ley fija que debe ser hasta las 22. Para acabar con esta discriminación propuso que el horario de protección infantil se amplíe hasta las 11 de la noche en la península o que a las 10 de la noche las cadenas nacionales que emitan en Canarias realicen una desconexión.  

CRÍTICAS A LA TRAMITACIÓN “EXPRÉS”

Las formaciones del PP, PNV, ERC-IU-ICV y BNG criticaron al PSOE por la forma en la que se ha tramitado la norma, ya que se consideran que se ha realizado de forma “exprés”, “casi clandestina”, y “huyendo del consenso y del diálogo” con los grupos parlamentarios y con los agentes implicados, “salvo Uteca” (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas).

El portavoz socialista, Óscar López, calificó de “duras e injustas” las críticas y recalcó que la norma “no se ha tramitado con carácter de urgencia, el plazo de enmiendas se ha ampliado cuatro veces y al texto se han incorporado 55 enmiendas transaccionales”.

Además, defendió que el Gobierno y el Grupo Socialista han mantenido “decenas de reuniones” con los colectivos implicados y fruto de ese “diálogo” nace una ley “equilibrada”. Además, celebró que en los primeros días de enero, TVE -que ya no emite publicidad- “siga siendo líder indiscutible e incontestable de audiencia”.