La Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo del Ministerio de Cultura que decidirá las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros en internet, sólo actuará a partir de denuncias.

Así lo ha afirmado hoy la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible establece que este órgano administrativo decidirá la interrupción de la prestación del servicio de internet, hasta ahora una potestad exclusiva de un juez y que no contemplaba la protección de la propiedad intelectual.

“La Comisión sólo actuará por petición expresa de una parte. Es decir: si alguien denuncia que una página web que está traficando, difundiendo sin permiso, sin licencia, sin remuneración con contenidos de obras ajenas, en ese momento actuará”, ha explicado la titular de Cultura.

La Comisión de Propiedad Intelectual aceptará esas denuncias, las revisará y “si hay derechos de los ciudadanos que están en ese caso implicados”, los derivará a un juez.

La Comisión de Propiedad Intelectual ya existe, pero verá ampliadas sus competencias a través de un nuevo reglamento que establezca “los parámetros concretos de su actuación”.

González-Sinde ha reiterado que las medidas contra la piratería en internet recogidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible sólo afectarán a las páginas web “concentradoras” que se apropien de contenidos ajenos, no a los usuarios.

“Los derechos de todos los ciudadanos están completamente garantizados”, ha indicado.

Durante su intervención en la Cámara Baja, González-Sinde ha reconocido que comprende que este asunto “preocupa mucho” pero ha pedido “menos alarmismo y más tranquilidad”, ya que no se va a cortar el acceso a la red a los ciudadanos, sino que se actuará contra aquellos que “especulen con el talento”.