El Gobierno dispone de apenas tres semanas para cerrar el diseño de la regulación con la que pretende frenar las descargas de Internet que afectan a contenidos audiovisuales protegidos por copyright.

El director general de Política e Industrias culturales del Ministerio de Cultura, Guillermo del Corral señaló ayer, durante su intervención en una mesa redonda en Ficod (el Foro Internacional de Contenidos Digitales), que la Comisión Interministerial, constituida por el Gobierno en octubre para ocuparse de este asunto, tiene previsto presentar sus conclusiones antes del 10 de diciembre.

Tras las conclusiones, los ministerios implicados -principalmente Cultura, Industria, Justicia e Interior- deberán entregar sus propuestas de actuaciones legislativas, que supondrán, previsiblemente, modificaciones de normas actuales, siempre con rango de ley, antes del 31 de diciembre. A partir de ahí se iniciaría el trámite legislativo.

Las modificaciones de las normas permitirán, según adelantó el pasado martes la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la persecución de los portales de descargas masivas sin criminalizar al usuario final.

Las operadoras, menos optimistas, creen que la creación de una oferta legal atractiva será lenta

Aldo Olcese, el presidente de la Coalición de industrias de contenidos audiovisuales (que agrupa a las discográficas, estudios de cine y editoriales) se mostró muy optimista y consideró que la solución en la que están trabajando, que se basa en la persecución de las grandes webs junto con la promoción de una oferta digital legal y atractiva comercialmente, permitirá constituir un modelo español que ponga freno al problema de la piratería y que podría convertirse en un estándar mundial, ya que todas las partes implicadas (productores y operadoras) son grandes multinacionales.

Olcese desveló que la Coalición estaba trabajando para alcanzar un acuerdo con Redtel (la patronal de las cuatro grandes operadoras) aunque reconoció que las negociaciones son difíciles y que, cuando se trata de temas importantes, los acuerdos siempre se logran “en el último momento”. La directora general de Redtel, Maite Arcos, fue, sin embargo, menos optimista en su intervención.

Aunque saludó la creación de la Comisión Interministerial y celebró que entre sus objetivos no figure sólo la persecución de la piratería, sino que también promueva la generación de una oferta legal atractiva, puso de manifiesto la existencia de numerosas barreras e ineficiencias -comerciales, legales y tecnológicas- que dificultan y encarecen que esta oferta legal alternativa a la piratería alcance una dimensión mundial.

Arcos pronosticó que la consolidación de portales legales será un proceso largo y complicado. Además insistió en que los operadores necesitan esta oferta legal de contenidos porque será el motor de la demanda que permitirá amortizar las enormes inversiones (de 60.000 a 80.000 millones de euros, sólo en España) que supondrá el despliegue de las nuevas redes superrápidas de Internet.