Los jueces americanos, están poniendo al día sus conocimientos de la red, y aunque quizás la distribución masiva de copias ilegales de un producto, viola los derechos del copyright, y sería un delito, la forma de intercambio que promueven las redes P2P, está fuera de los marcos preestablecidos, con lo que los jueces, una vez analizados los casos, empiezan a desestimar las denuncias.

Ocurría hace unos días en el caso de Jammie Thomas, quien había sido condenada a pagar unos 155.000 euros para resarcir a la industria por las descargas masivas llevadas a cabo vía P2P. El juez que instruyó el caso se apresuró a condenar lo que consideró un acto delictivo, llevado por los argumentos de la parte contrario, que se encargó de convencer al jurado, con argumentos que en realidad no eran el motivo del juicio, puesto que la perversión de los derechos del copyright, en el modus operandi de las redes P2P no es algo definido, ni que esté claro, en cuyo caso los jueces no pueden plantear un escenario similar al que ocurriría fuera de la red, y en el que se han apoyado para establecer el veredicto.

En definitiva, los grandes interesados quieren acabar con el P2P, y cualquier intercambio que perjudique a la industria del contenido digital, pero los jueces, sólo pueden juzgar con la ley en la mano, algo que, de momento no justifica las condenas por el P2P.

La absolución de Jammie Thomas, así como la negativa judicial hacia la RIAA para poder presentar recurso, ha hecho que la sentencia sea más firme que nunca, evitando que, con la ley actual, sobre este tema, se siga perdiendo el tiempo.

Un respiro, para millones de internautas, de momento, que probablemente quedará pendiente de una reforma legislativa que se producirá no en mucho tiempo.

Mientras Europa, parece haber hecho suyo, el modelo de sanciones Sarkozy, que incluso España, tiene previsto adoptar, para cumplir el compromiso, de acabar con el fenómeno P2P, y lo que ello significa, a más tardar, para el año 2010.

Recordamos que el modelo Sarkozy, consiste en sancionar levemente a los usuarios que utilicen de forma indiscriminada las redes P2P, con avisos, pequeñas suspensiones del servicio, hasta su total cancelación e imposibilidad de contratar internet, para los casos más extremos de reincidencia.