Telefónica está convencida de que no ha abusado de su posición dominante para evitar la competencia en el mercado español de banda ancha y, por eso, espera con preocupación el resultado de la investigación de la Comisión Europea sobre la cuestión, que podría conllevar una cuantiosa sanción económica.

Tras varios años de trabajar en el caso, el Ejecutivo comunitario tomará una decisión definitiva el próximo miércoles y, previsiblemente, condenará a Telefónica por prácticas restrictivas de la competencia.



La investigación se inició en 2001, tras recibir una denuncia de Wanadoo sobre los precios que Telefónica cobra a otras compañías por el uso de la infraestructura y que, según la operadora francesa, les impiden competir en el mercado minorista.


Bruselas llegó en febrero pasado a la conclusión preliminar de que, efectivamente, Telefónica abusó de su posición de dominio al reducir al mínimo la diferencia entre el precio que cobra a los mayoristas por el acceso a la red de banda ancha y las tarifas minoristas -reguladas por ley-.



A juicio de la autoridad europea, ese margen resulta insuficiente para cubrir el coste en que incurren las operadoras por suministrar servicios de ADSL.



Pero en Telefónica están convencidos de lo erróneo del planteamiento del Ejecutivo comunitario y descalifican tanto su base jurídica y económica como los efectos del posible abuso de posición de dominio sobre el mercado español de banda ancha.



Fuentes de la operadora explican, en primer lugar, que para que una empresa esté obligada a facilitar la actividad de sus competidores debe tener en exclusiva un activo esencial, requisito que no cumple la red de banda ancha a nivel nacional y regional (ámbitos en los que Bruselas encuentra el problema) y sí el ‘bucle local’ (donde la Comisión no detecta precios abusivos).



Pero además, consideran inconsistente el análisis económico llevado a cabo por los servicios de la Comisión y aseguran que si se modifican los supuestos utilizados (la vida media de los abonados de la operadora, por ejemplo) no queda demostrada la supuesta práctica restrictiva de la competencia.



Según estas fuentes, la evolución del mercado español de banda ancha en los últimos cinco años deja totalmente en evidencia la tesis de la Comisión, pues en ese periodo Telefónica ha visto reducida su cuota (ahora ronda el 50%), en beneficio de las compañías que utilizan la red del antiguo monopolio.



Destacan que otros operadores, como Vodafone, tienen previsto empezar a ofrecer ADSL en España, lo que refuta el argumento de que los precios actuales desincentivan la entrada de nuevas compañías.



Bruselas también esgrime contra Telefónica los precios que los usuarios españoles pagan por los servicios de internet de alta velocidad, comparativamente más altos que en el resto de la UE.



Pero Telefónica niega esa diferencia y asegura que, si se tienen en cuenta todos los factores relevantes, los precios son incluso más bajos que en la media de los Veintisiete.



Las fuentes subrayan, además, que en esta disputa la operadora cuenta con el apoyo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que ha negado ante Bruselas las prácticas restrictivas de la competencia.



Recuerdan que la CMT es la encargada de fijar los precios máximos minoristas en España y tiene especial cuidado en evitar un estrechamiento de los márgenes que pueda afectar a la competencia.



Telefónica confía en que, incluso si el dictamen final confirma un abuso de posición de dominio, Bruselas no vaya más allá de imponerle una sanción simbólica, como ha hecho en otros casos anteriores.