Orange, la operadora española de comunicaciones fijas y móviles controlada por France Télécom, ha presentado una queja ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el árbitro del sector, en la que solicita que se paralice cautelarmente el proceso de aumento de la velocidad mínima de su oferta de ADSL, que pasará de uno a tres megas. El proceso, que es gratuito para los clientes de Telefónica, estaba previsto que se iniciara a principios de julio y que estuviera concluido en otoño.

La solicitud de paralización de Orange obedece a varias razones, según han manifestado a EXPANSIÓN fuentes conocedoras del proceso. La principal es que Orange considera que no va a estar en condiciones de migrar, a su vez, a sus clientes de 1 mega hasta, al menos, el mes de septiembre, debido a deficiencias en las bases de datos de usuarios que le proporciona Telefónica.


Posibles clientes frustrados


Orange tiene alrededor de 250.000 clientes de ADSL de un mega basados en la oferta mayorista de Telefónica. Para saber si puede migrarlos a una oferta de 3 megas –para equipararse a su competidor–, debe consultar una base de datos que le proporciona el operador dominante y que se confecciona según parámetros técnicos. Así, las líneas telefónicas (denominadas bucles) de mucha longitud, porque la central está a más de 1,5 kilómetros del usuario, tienen problemas para alcanzar altas velocidades en ADSL.



Sin embargo, las primeras comprobaciones de Orange sobre esas bases de datos señalan que existe alrededor de un 20% de clientes con datos erróneos –usuarios que sí podrían elevar su velocidad y que aparecen como no disponibles para el aumento y viceversa–, por lo que el proceso de migración podría dejar descontentos a cerca de 50.000 usuarios de Orange con el riesgo de perderlos.



Además, Orange señala que Telefónica tiene obligación de comunicar con antelación este tipo de cambios a las operadoras que comercializan sus servicios mayoristas y que, en este caso, no lo ha hecho. La filial del grupo galo también pide el retraso del proceso de aumento de velocidad hasta que estén aprobados definitivamente por parte de la CMT los nuevos precios mayoristas del ADSL, que se aprobaron cautelarmente por el regulador en diciembre pasado.



Orange alega que para calcular esos precios –los que puede cobrar Telefónica a sus rivales por la oferta mayorista de banda ancha–, se utilizó la contabilidad de costes de Telefónica correspondiente a 2004. Sin embargo, desde entonces, y debido al uso de una nueva tecnología, denominada ADSL2 Plus, Telefónica incurre en menores costes que antes para la prestación de la velocidad de 3 megas, por lo que Orange exige que esa reducción de costes se tenga en cuenta y se refleje en los nuevos precios mayoristas.



Infracción comunitaria


Por otra parte, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por considerar discriminatorias las condiciones que impone a las compañías de telecomunicaciones para que puedan ofrecer un servicio universal, que, a día de hoy, sólo presta Telefónica.



Según fuentes del Ejecutivo comunitario, se ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas después de que una operadora haya fracasado en su intento de proveer información sobre números de abonados. Su oferta fue rechazada, ya que el Gobierno ha decidido agrupar los cuatro elementos del servicio universal en paquetes de dos.



Es decir, si una compañía quiere proporcionar el acceso y el servicio de teléfono fijo, debe, además, ocuparse de las cabinas telefónicas. De la misma manera, dar información de los números de abonados es indisoluble de la producción y reparto de guías telefónicas. Estas condiciones excluyen a la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, y, de hecho, sólo Telefónica ofrece el servicio universal, aunque su plazo de adjudicación finaliza en diciembre de 2007.



Otro motivo para la apertura del proceso es que la Comisión considera que España no ha traspuesto correctamente la legislación sobre los mecanismos de financiación a los operadores que dan el servicio universal (en estos momentos, sólo Telefónica). Así, según las leyes nacionales, es la CMT quien debe decidir si la compañía afronta un gasto injustificado al ofrecer el servicio, y las operadoras no deben justificar dicho gasto antes de solicitar una compensación. Sin embargo, según la directiva de Servicio Universal, esta justificación resulta necesaria.