La creación de redes inalámbricas Wifi, que da acceso gratuito a internet en edificios públicos, universidades o bibliotecas, está siendo una de las promesas estrella de la precampaña electoral. El regulador, sin embargo, acaba de echar un jarro de agua fría a los candidatos que se suman, sin parar, a la moda tecnológica.

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, pidió a los ayuntamientos que sus iniciativas sobre cómo acortar la brecha digital no se financien con cargo a los impuestos. Y exigió, al respecto, dos condiciones: que el consistorio se registre como operador en caso de renunciar a la iniciativa privada, y que éste, además, entregue cuentas separadas para comprobar que no daña a la competencia.



“La CMT no distingue entre operadores públicos y privados. No perseguimos a los ayuntamientos. Vigilamos que los modelos que aplican sean coherentes y no se soporten con impuestos”, aseveró Rodríguez, en el transcurso de su intervención en unas jornadas sobre Nuevos escenarios para las TIC, organizado por las asociaciones Aetic y APD.


Hasta el momento, la CMT ha expedientado a los ayuntamientos de Atarfe (Granada) y Ponteareas (Pontevedra) por ofrecer a sus ciudadanos, sin autorización, acceso gratuito a Internet mediante WiFi. La decisión la tomó después de que los operadores denunciasen la situación.



Además, el consistorio de Barcelona presentó al regulador un proyecto para que éste respaldase su propuesta. Sin embargo, la CMT frustró las intenciones del Ayuntamiento, al dejar fuera de servicio su red sin hilos, por la exigencia del regulador a que se constituyera en operadora y a que el sistema se autofinanciase sin dinero público.



En cualquier caso, el sector podría librarse del control de la Comisión, una vez que la competencia sea, en opinión de Rodríguez, ‘autosostenible’. O lo que es lo mismo, cuando “no sea necesaria ya una regulación”. Para el presidente de la CMT, al que le gustaría jubilarse “por innecesario”, el modelo europeo vigente obliga a que la normativa tenga que revisarse cada dos años y, de momento, el mercado “está lejos de ser competitivamente estable”.



¿Hubo concertación de precios?



Mientras, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, señaló en el Congreso que el informe que el Gobierno solicitó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para analizar si hubo acuerdo entre las principales compañías de móviles para subir las tarifas en respuesta de la eliminación del redondeo no indica “actitud de concertación” entre las mismas por el momento, pero aseguró que lo seguirá analizando con detalle. concertación.



Al respecto, las operadoras de telefonía móvil modificaron sus tarifas con variaciones que oscilaron entre descensos del 1% y subidas del 2% al adaptarlas a la nueva tarificación por segundos que entró en vigor el pasado 1 de marzo, según los datos aportados ayer por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros.



Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Mejora de la Protección de Usuarios y Consumidores el pasado mes de marzo, las principales asociaciones de usuarios denunciaron que Orange, Movistar y Vodafone habían aplicado, de forma “abusiva e injustificada”, incrementos similares en sus tarifas, insinuando que éstas habían concertado sus precios. Estas asociaciones convocaron un día sin móvil en señal de protesta.