Esta cifra contrasta con el canon digital de otros paises europeos que no supera el 5%

El canon digital que quieren imponer las ocho entidades de gestión de derechos de autor equivaldrá al 60% del precio de algunos dispositivos electrónicos, como es el caso de los CD y DVD, o de hasta el 40% del precio de otros equipos como las fotocopiadoras, según explica a Cinco Días José Pérez, director de Asimelec, una de las dos patronales tecnológicas españolas que estos días están dando la voz de alarma sobre lo que califican como ‘impuesto irracional’.

La semana pasada Aetic, la otra asociación empresarial, ya alertó de que las entidades gestoras de derechos de autor reclaman un incremento del canon 200 veces superior al que surgen de los estudios de reconocida solvencia, por presuponer que tanto los dispositivos como los soportes digitales se emplearán en vulnerar derechos de autor.
Y apuntó que en algunos productos cotidianos empleados por los consumidores españoles podría equivaler al 100% del precio de venta al público, aunque fuentes del propio sector tecnológico dicen que ‘este extremo no se da en ningún caso’.

Las patronales tecnológicas recomiendan que el canon, en el caso de aplicarse, nunca supere un pequeño porcentaje muy limitado del precio del equipo, ajustando el canon al uso que se haga del equipo, tal y como se está haciendo en otros países que emplean este sistema (entre el 2% y el 5% del precio del equipo).

Asimelec y Aetic aseguran que han cuantificado lo que se debería pagar en función de diferentes estudios sobre los usos reales de los equipos digitales, mientras que las entidades de gestión dan por sentado que todos los dispositivos se usan siempre para copiar independientemente del resto de las funciones que incorporen. ‘En este contexto se llegaría al absurdo de que los ingresos de un artista por la aplicación del canon superarían al de las ventas de sus discos’, dicen desde Aetic. O que el Ministerio de Justicia pague varios millones de euros en concepto de canon, como ocurrió en 2006, cuando no ha vulnerado ningún documento ni obra con Copyright, al usar los soportes digitales para conservar material propio como jurisprudencia. ‘Es inadmisible que se obligue a todos los ciudadanos a pagar un impuesto que sólo repercute en una pequeña minoría de individuos’, señala Jesús Banegas, presidente de Aetic.

Las patronales también piden que el canon se aplique a partir de la resolución del Gobierno, que tiene un mes para tomar una decisión sobre la cuantía del nuevo canon. ‘No aceptamos la retroactividad, aunque las gestoras de derechos quieren que se pague desde el 29 de julio de 2006 cuando se aprobó la ley’, critica Pérez.