La ley de protección de consumidores permitirá perseguir con “más facilidad” las prácticas abusivas de las empresas, según las distintas asociaciones de consumidores que consideran vital la aplicación correcta de la norma una vez entre en vigor.

El portavoz de la OCU, Enrique García, explicó que la norma supone la “modificación más importante de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios en los últimos veinte años” y ayudará a acabar con abusos “muy extendidos”.

Así, la ley califica de abusivo el redondeo al alza en el tiempo consumido, en el precio o en la factura de los productos o servicios y prohíbe el redondeo en los aparcamientos (aunque en este caso habrá un periodo transitorio).

Otro aspecto importante, según García, “es la equiparación de los requisitos para darse de alta y de baja en los contratos”, de modo que las compañías ya no podrán poner “todo tipo de problemas” para darse de baja de un servicio telefónico o de suministro energético.
El presidente de la asociación de consumidores Adicae, Manuel Pardos, aseguró que las novedades que se han introducido en la Ley de Consumidores son positivas, pero criticó que se haya “desaprovechado la ocasión para renovar de verdad la protección global de los usuarios”.

Entre otros aspectos, Pardos aseguró no entender por qué esta ley no incluye los derechos de los consumidores de servicios financieros, que siguen quedando en el campo del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

También se mostró “escéptico” sobre las mejoras que pueda suponer esta normativa para los usuarios, porque la clave -asegura- no está tanto en la ley en sí misma, sino en cómo se aplique en la práctica.

Sobre el rechazo de la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles, Adicae desde Adicae reiteraron que la medida no se hubiera podido aplicar en la práctica y, por tanto, no hubiera solucionado el problema de los afectados de Fórum y Afinsa, que era de lo que se trataba.

El portavoz de CECU Madrid, Antonio López, consideró positiva la ley, fundamentalmente porque ha acabado con las “cláusulas abusivas” de las empresas en sectores como la vivienda y la telefonía y permitirá a las asociaciones una mejor defensa de los derechos del consumidor. Sin embargo, matizó que lo importante será ahora la aplicación real de esta legislación.

El portavoz de la Federación de Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, señaló que la Ley supone pasos positivos pero no es la reforma de la ley general de consumidores de 1984 “que está pendiente”.

Según Sánchez, las autoridades deben incrementar la vigilancia para que la ley se cumpla porque, aseguró, muchas de las disposiciones están ya en otros textos legislativos pero se incumplen sistemáticamente.

En relación con la reglamentación sobre las asociaciones de consumidores, el portavoz de FACUA señaló que la nueva ley supondrá una “prostitución” del movimiento asociativo porque, afirmó, permite los convenios de éstas con empresas privadas para llevar a cabo acciones relacionadas con la defensa de los consumidores.

La secretaria general técnica y de Organización de Ausbanc, María José Lunas, también valoró la aprobación de la Ley de Consumidores, pero criticó que llega “tarde” y que sirve más para mejorar la situación de algunas asociaciones que para aumentar la protección de los usuarios.

Lunas alabó que se permita a las asociaciones firmar convenios con empresas privadas, aunque siempre que siga garantizada su independencia y se cobre dinero sólo por los servicios que presten.

La representante de Ausbanc criticó que se haya perdido la oportunidad para crear un fondo de garantía de bienes tangibles.