Las discusiones sobre la conveniencia o no del canon digital se intensifican en forma de estudios que avalan o desaconsejan el sistema de compensación por copia privada. El polémico canon que grava los soportes digitales estará regulado en Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma será aprobada definitivamente en el Congreso esta misma semana.

La Fundación Autor, perteneciente a la Sociedad General de Autores y Editores, ha encargado un estudio a la consultora Econlaw que pone en cuestión algunos de los puntos del dictamen de la Comisión Asesora de la Sociedad de la Información, un informe dirigido por el catedrático Manuel Castells que directamente aconsejaba la “supresión pura y simple” del canon.



El propio director general de la Fundación Autor, Francisco Galindo, explicó que habían “acudido a los expertos” para aportar “más elementos para la reflexión”.



El estudio de Econlaw duda que el canon suponga una barrera que amenace el desarrollo de la Sociedad de la Información, discrepa de los datos aportadas por el dictamen y descarta las medidas tecnológicas (DRM y TPM) como herramientas eficaces de control de copia.



Además, asegura que las modificaciones del texto refundado de la Ley de Propiedad Intelectual, aún en trámite parlamentario, son “coherentes”, y considera el canon como una solución positiva para incentivar la actividad creativa, así como el desarrollo cultural y científico del país.



La ‘lógica’ del canon


Este estudio, encargado a finales de mayo por la SGAE, destaca que “la lógica de la remuneración no cambia” en función de los costes de producción o del precio de venta de los aparatos o soportes que grava. No es un porcentaje sino una cantidad fija, que se establece en función de la capacidad de almacenaje.



Así, “el progreso tecnológico y de fabricación pueden abaratar los costes de producción, pero esto no conlleva que los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual merezcan una remuneración menor”, afirma el estudio.



En la presentación, el profesor Francisco Marcos, uno de los coautores del informe, recordó que “el canon existe desde hace años”, y ahora el Legislativo está adaptando la ley a las nuevas tecnologías. El canon es, según Marcos, “común a los países de nuestro entorno, excepto Reino Unido o Irlanda, donde la copia privada no está permitida”, comentó.



Sugerencia ‘poco fundada’


En su opinión, la sugerencia de eliminación del canon es “extrema y poco fundada”, y consideró que las herramientas tecnológicas anticopia o de gestión individualizada, que también están recogidas en la nueva ley, “tienen una fiabilidad discutible y una implantación deficiente”.



Por otro lado, admitió que se podía discutir sobre cómo se recauda la compensación por copia privada. Además, reconoció que el sistema compensatorio es el mejor dentro de un sistema imperfecto.



Por su parte, Albert Sánchez, otro de los coautores del informe, explicó que las cifras aportadas por la Comisión que asesora a industria “son insuficientes y no están contextualizadas”. Así, califico de falsos los datos del dictamen que sugerían que la evolución anual de ingresos por canon incluida en el Dictamen son de un 90%, y la situó en torno a un 20%.



La eliminación del canon, según Sánchez, “supondría una alteración de todos los derechos de propiedad” porque causaría inseguridad jurídica. “Puede que haya que ajustar el canon a la nueva realidad digital”, comentó.