La juez federal Colleen Kollar-Kotelly ha aceptado un arreglo acordado el pasado año en el caso antimonopolio entre Microsoft y el Gobierno federal, así como con los gobiernos de nueve Estados. Además, ha rechazado las penas que han pedido otros nueve Estados que no aceptaron el arreglo con Microsoft.



Así, la juez establece que las sanciones pactadas en dicho arreglo se extiendan durante cinco años. En su decisión, Kollar-Kotelly señaló que el tribunal “está satisfecho de que las partes hayan llegado a un acuerdo que respeta el interés público”, en referencia al acuerdo de noviembre de 2001.

Según el fallo, el acuerdo entre las partes “forma parte de una filosofía clara y consecuente y que sus disposiciones constituyen una estructura sólidamente concebida”.

Desde sus oficinas centrales en el estado de Washington, Microsoft anunció que aún está analizando la decisión de la magistrada.

El dictamen de Kollar-Kotelly, que puede ser recurrido, elimina la creación de un comité para supervisar el cumplimiento de las sanciones incluidas en el acuerdo. En su lugar se designará un grupo empresarial (integrado por miembros del directorio de Microsoft) que se encargará de hacer cumplir las disposiciones del acuerdo, explicaron fuentes judiciales.

Por otra parte, otorga a los fabricantes de ordenadores mayor libertad para incluir programas y aplicaciones de otras empresas en los sistemas operativos de Windows.

Además, prohíbe que Microsoft tome medidas de represalia contra los demás fabricantes por no utilizar sus productos. También le impide firmar contratos en los que exija el uso exclusivo de sus programas.

Sun Microsystems ya ha anunciado que no retirará su demanda contra la empresa de Bill Gates y ha instado a los Estados a recurrir el fallo de la juez.

La historia de un largo proceso

Ambos procesos derivan de un juicio por prácticas monopolísticas iniciado en 1999 por el gobierno federal, los gobiernos de 20 Estados (dos de los cuales se retiraron a continuación) y del Distrito de Columbia contra Microsoft, fabricante del sistema operativo Windows, que se emplea en casi el 95% de los ordenadores del mundo.

En 1999, un juez federal dictaminó que Microsoft había incurrido en las prácticas ilegales de que se le acusaba, y ordenó una división de la empresa en dos firmas, una que produciría el sistema operativo Windows y otra dedicada a programas de aplicaciones.

En 2000, en respuesta a una apelación de Microsoft, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el fallo de ese juez federal y remitió el caso al tribunal de la juez Kollar-Kotelly.

Desde entonces, Microsoft ha prometido enmendar su conducta y logró que el gobierno del presidente George W. Bush y nueve de los Estados demandantes aceptaran sus propuestas.

Según el acuerdo de noviembre del pasado año, los fabricantes de ordenadores son libres para incorporar el software de otras empresas que no sean Microsoft, que deberá compartir los secretos de su sistema operativo Windows con otras compañías.

Los nueve Estados sostienen que el acuerdo contiene demasiados vericuetos por los cuales Microsoft podrá continuar con sus prácticas de competencia desleal e imponer su hegemonía en el mercado de programas informáticos.

El Senado supervisará el acuerdo

La subcomisión antimonopolio del Senado estadounidense supervisará, junto al Departamento de Justicia, la aplicación del acuerdo firmado por el Gobierno y Microsoft, según anunció el presidente de esta instancia y senador demócrata, Herb Kohl.

“Aunque pensamos que el acuerdo amistoso entre el Departamento de Justicia y Microsoft sobre este asunto presenta algunos fallos, el tiempo para alegar los términos del acuerdo ante un tribunbal ha pasado”, afirmó.