Además, incluye medidas que han suscitado las críticas de la oposición y de otros grupos sociales, así como la presentación de nueve enmiendas a la totalidad, 345 parciales en el Congreso y 187 en el Senado.

Entre estas medidas, una de las más discutidas, tanto por su contenido como por la vía por la que se introdujo (a última hora en el Senado) ha sido la obligación de que las empresas almacenen durante un año los datos de navegación de todos los internautas.

Según el diputado del PP Juan Manuel Moreno, esos datos son “básicos para el éxito de investigaciones criminales”, por lo que esta medida, “que incluye las necesarias cautelas”, “era una obligación de cualquier partido” político que esté al frente del Gobierno.

Sin embargo, la diputada de Izquierda Unida Presentación Urán aseguró que esta medida reduce los derechos democráticos, no establece suficientes cautelas judiciales y crea sensación de inseguridad entre los ciudadanos, a los que se les considera desde el principio presuntos delincuentes.

El diputado de CiU, Jordi Jané, explicó durante el debate en el Congreso que su agrupación apoya esta enmienda porque en el Senado se modificó para que no pudieran acceder a los datos las autoridades policiales y para que su uso indebido implicara las sanciones más elevadas.

En cuanto al hecho de que esta medida se haya introducido a través de una enmienda en el Senado, la diputada socialista Francisca Pleguezuelos aseguró que el PP ha “hurtado el debate al Parlamento y a los ciudadanos” y ha utilizado una “técnica lamentable”. Para Urán, esta técnica “empieza a ser excesivamente habitual” e “impide el debate sereno y sosegado” de las medidas.

Dominios .es y líneas TRAC

Esta misma técnica ha sido utilizada para incluir la regulación de los dominios “.es” (que en principio se iba a hacer a través de un proyecto de Ley bajo la forma de “Plan Nacional”) y para modificar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones con el objetivo de sustituir las líneas telefónicas rurales (las llamadas TRAC).

Estas líneas (unas 255.000 en España) no permiten que los abonados accedan a Internet a través de ellas, por lo que el Gobierno ha establecido a través de la nueva Ley que todas sean sustituidas antes del 2004, un plazo que para el PSOE y el Grupo Mixto es excesivo y que incluso CiU pidió que se agilizara.

El PP respondió al respecto que el PSOE “menosprecia y ridiculiza” al Senado y “hace un flaco favor a la democracia”.

Ley ‘pionera’

En definitiva, mientras que para el PP se trata de una Ley “pionera, precisa, sencilla, ejemplar, equilibrada, muy completa” y tramitada de una forma “ejemplar e impecable”, para el PSOE “va a complicar la vida” al desarrollo del comercio electrónico y de la sociedad de la información en España.

Sin embargo, el PP considera que el partido socialista se ha opuesto a la Ley porque “se ha instalado en una pataleta permanente” y por “envidia por no haber tenido la sensibilidad suficiente como para crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando pudo”.

Por su parte, CiU expresó su deseo de que el texto, una vez debatido y modificado en el Parlamento, sirva para mejorar el desarrollo de la sociedad de la información, ya que de momento “continuamos en la cola de la Unión Europea”.

Para el PNV, supone un claro intrusismo del Gobierno en competencias que no le corresponden y una invasión de las que tienen las Comunidades Autónomas.