sentar las bases para regular las actividades realizadas a través de Internet y de las nuevas tecnologías. Esta doble vertiente de la Ley ha sido criticada por el PSOE e Izquierda Unida, que aseguran que excede de sus competencias y llega a afectar a los derechos fundamentales de las personas, por lo que, en todo caso, tendría que tener carácter orgánico.

Tanto PSOE como IU basaron sus críticas a la LSSI en los argumentos que esgrimieron desde mediados de 2001 varios colectivos de internautas como, por ejemplo, los que se mueven alrededor de la página sobre seguridad informática Kriptópolis. En este sentido, la diputada socialista Francisca Pleguezuelos ha asegurado durante el debate del Dictamen de la Comisión que “el gran error” del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido hacer una ley que “va mucho más allá” de la mera transposición de la directiva europea y, “desde luego, se pasa”.

Sin embargo, para el PP este texto es pionero incluso en el método de elaboración (se publicaron en Internet los borradores del proyecto de Ley para que los interesados pudieran opinar), “compacto, equilibrado, integrado y consensuado”, en palabras del diputado popular Juan Manuel Moreno.

La “autoridad competente”
CiU coincide con el PP y, según su diputado Jordi Jané, esta ley es “emblemática” y “necesaria”, porque será la primera que regule Internet y la Sociedad de la Información en España y, por lo tanto, dé más seguridad jurídica a los usuarios. CiU, que ha logrado que se le aprueben 41 enmiendas -textuales o transaccionadas-, valora las competencias autonómicas que establece el texto, aunque las considera insuficientes, y cree que ya deja claro qué órganos pueden tomar decisiones como el cierre de una página web. La oposición criticó el texto original porque, en su opinión, “abría la puerta” a la intervención del Estado para censurar los contenidos de Internet”, algo que CiU cree que ya se ha solventado a través de enmiendas, mientras que IU mantiene, como muchos colectivos sociales comprometidos con la defensa de las libertades en la Red, que el texto aún es ambiguo.

En este sentido, Moreno ha insistido hoy en que el texto “no pretende atribuir más competencias a nadie” y que, por lo tanto, deja claro que “sólo una autoridad judicial podrá tomar estas decisiones”.

Comercio electrónico
Otro punto de coincidencia entre PSOE e IU es la opinión de que la ley no ayudará al desarrollo del comercio electrónico y de los servicios de la sociedad de la información en España, sino que lo entorpecerá, “ya que exige más a los prestadores de servicio en la red que la economía tradicional”, en palabras de Pleguezuelos.

El texto de la Ley será ahora estudiado por el Senado, que lo devolverá al Congreso de los Diputados en un plazo aproximado de dos meses, con lo que se podría aprobar definitivamente a finales de junio.