El Gobierno se propone dar un giro radical en el negocio del cable, liberando a todas las operadoras de gran parte de sus compromisos y permitiéndoles utilizar cualquier tecnología. Intenta así impulsar el sector y mitigar la polémica con Telefónica.
En las próximas semanas, el Ministerio de Ciencia y Tecnología cambiará drásticamente las reglas de juego del negocio del cable.
El Gobierno quiere impulsar el desarrollo de este sector, introduciendo ventajas competitivas para todos los cableoperadores, incluido Telefónica.
El Ministerio permitirá a todos los cableoperadores la utilización de cualquier tecnología. De esta forma, no sólo podrán llegar a la casa del abonado mediante el lento y costoso despliegue de una red de fibra óptica, o cable coaxial.
También podrán utilizar otras tecnologías, siempre que cubran los servicios a los que están obligados: transmisión de televisión, Internet a alta velocidad y telefonía.
De esta forma, los cableoperadores podrán contratar los servicios de una empresa de LMDS, que llega a la casa de los abonados vía radio. O también podrán usar tecnologías del tipo DSL, que se apoyan sobre la red telefónica básica.
Lastre
Además, el Ministerio quiere aliviar el lastre que supone para muchas empresas los duros compromisos que asumieron en el momento de la concesión, en muchos casos, de forma voluntaria, en su intento de conseguir más puntuación en los concursos.
Estos compromisos se relacionaban, en gran parte, con la inversión y un despliegue más acelerado de las redes. A fecha de hoy, algunos de esos compromisos carecen de sentido, teniendo en cuenta que las tecnologías son más baratas y el despliegue es de por sí necesario para hacer negocio.
De esta forma, el Gobierno trata de impulsar definitivamente el sector de cable, al tiempo que mitiga la polémica creada por Telefónica. La operadora canceló sus proyectos en el negocio del cable (valorados en casi tres mil millones de euros, o cuatrocientos mil millones de pesetas) en favor de tecnologías sucedáneas como el ADSL o el VDSL, tal como adelantó EXPANSIÓN el 30 de octubre.
Esa decisión levantó una gran polémica en el sector. Los rivales (sobre todo los operadores vinculados a Auna, como Menta, en Cataluña, y Madritel, en Madrid) criticaron esa situación y exigieron al Gobierno que aliviara el peso de sus compromisos de inversión.
Los rivales de Telefónica, relativamente poco desarrollados aún, se veían amenzados por Telefónica si ésta empezaba a usar masivamente una tecnología mucho más barata y rápida de desplegar que el cable tradicional.
